Si el país prohíbe la minería, no habrá mineros legales pero sí ilegales, banda criminal incluida.
Por: Mauricio Vargas
Periodico El Tiempo
En más de 40 años de seguir la política, no recuerdo arranque más desafortunado de un ministro que el protagonizado por la titular de Minas y Energía, Irene Vélez. Primero naufragó en un foro gremial al tratar de explicar la teoría del decrecimiento –vieja tesis de los años 80, importada de Europa– y lanzar la cantinflesca idea de pedir a los países desarrollados que dejen de crecer (¡mucho caso nos harían!). Interrogada por el asunto, regañó a los periodistas y les dio la espalda, alegando que no la dejaban hablar. Luego confundió miles de millones de pesos con billones, y se refirió a “las reservas de gasolina”, al querer hablar de las de petróleo. La ignorancia es atrevida, pero ese no es el tema de esta columna.
Mucho más complicado que esta cadena de desaciertos es que el eje de la política minera del presidente Gustavo Petro y de su ministra de Minas consista, justamente, en acabar con la minería. No soy fanático de esa actividad y entiendo los enormes riesgos ambientales de la explotación de socavones al igual que de yacimientos a cielo abierto. Creo que, sin discusión, esta industria debe estar absolutamente prohibida dentro de los parques y las reservas naturales que, tras la serie de afortunadas declaratorias de áreas de conservación del gobierno anterior, cubren ya el 30 por ciento del territorio.
Pero renunciar de un tajo a la actividad de extracción de metales y de otros minerales en todo el territorio implica olvidarnos de una actividad económica que el año pasado reportó ventas al exterior –sobre todo de oro y carbón– cercanas a los 14.000 millones de dólares. Este año, esa cifra puede aumentar de modo considerable, pues por la guerra de Ucrania y la mayor demanda de carbón ante los cortes de suministro del gas ruso, los precios están disparados. Aparte de activar miles de empleos, en 2021 las empresas del sector le generaron a la Nación –en solo regalías e impuesto de renta– unos 4 billones de pesos (esos sí billones, ministra).
Claro que el país podría decidir, en aras de una protección integral de sus suelos, la prohibición absoluta de estas actividades. Otras naciones han avanzado hacia allá: Costa Rica decretó, hace más de una década, una veda definitiva a la minería de metales a cielo abierto. Si Colombia va a hacer algo aún más radical, el Gobierno debe definir de dónde saldrán los empleos que se perderán, y cómo reemplazará los recursos fiscales que la Nación dejaría de percibir.
A manera de ejemplo, con 4 billones de pesos es posible construir unos 400 colegios públicos. El extraordinario centro de salud Manuela Beltrán, que hace unos meses inauguró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y que servirá a más de 40.000 personas entre las más humildes de la capital, costó unos 15.000 millones de pesos: más de 260 centros iguales podrían construirse cada año con el fruto del impuesto a la renta y las regalías de la minería. Pero si esa plata falta… El lío con el decrecimiento, señora ministra, es que lo pagan los más pobres.
Hay otro problema, si se quiere más grave. Como bien lo sostienen los críticos de la política antidrogas, a la que califican, no sin cierta razón, de fracaso, prohibir una actividad no la acaba: solo la vuelve ilegal y, además, más rentable. Aunque se prohíba su extracción legal, el oro seguirá ahí, y como el mercado lo seguirá demandando, vendrán los mineros ilegales a sacarlo, lo venderán en el mercado negro –el del oro es uno de los mayores del mundo– y se frotarán las manos de la dicha porque ni siquiera tendrán que pagar impuestos. Eso sí, amenazarán y matarán, pues no hay minería ilegal sin banda criminal que la apoye en la región donde opera. ¿Es eso lo que el Gobierno quiere? Ministra: no haga con esto lo que hace con discursos y declaraciones a los medios. Esto sí piénselo bien.
MAURICIO VARGAS
