Colombia ha vivido un conflicto armado prolongado donde la violencia se ha perpetuado en un círculo vicioso, especialmente en territorios alejados donde la institucionalidad es nula y se rige por egos de momento. Gran cantidad de víctimas del conflicto, impulsadas por el dolor, la venganza o la necesidad de sobrevivir, terminan convirtiéndose en victimarios. En muchos casos, quienes sufrieron despojos, masacres o persecuciones encuentran en las armas un medio de justicia propia, reforzando así una espiral de violencia sin fin. Grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales han reclutado a antiguos afectados del conflicto, quienes justifican sus acciones con base en el sufrimiento vivido y la falta de recursos para sobrevivir. Este fenómeno ha hecho que la violencia no solo se reproduzca, sino que se transforme en una herencia de odios acumulados que impiden el desarrollo social y económico de las comunidades.
Uno de los mecanismos más perversos en la perpetuación de la violencia ha sido la presión sobre la población civil para sumarse al conflicto. Muchos campesinos, comerciantes y transportadores son obligados a pagar extorsiones conocidas como «vacunas» a distintos grupos armados, una cifra que ha aumentado un 28% de acuerdo con el observatorio de seguridad del consejo gremial nacional (https://cesed.uniandes.edu.co/observatorio-de-seguridad-del-consejo-gremial-nacional/ ). Si se niegan, se enfrentan a amenazas, desplazamientos o incluso la muerte. Pero pagar tampoco garantiza seguridad, al contrario, puede convertirse en un arma contra si mismos, estas contribuciones forzadas han sido interpretadas por bandos opuestos como colaboración con el enemigo, lo que convierte a la población civil en culpables y objetivos de represalias. De este modo, la población civil queda atrapada en un fuego cruzado donde cualquier acción, incluso la más involuntaria, puede sellar su destino dentro del conflicto y las acusaciones de coterráneos que en medio de sus propios odios justifican lo que sucede a sus vecinos.
En este ciclo, la violencia se recicla y la línea entre víctima y victimario se vuelve cada vez más difusa, demostrando que el conflicto en Colombia no solo se libra con balas, sino también con miedo, desconfianza y la perpetuación de la injusticia.
Como se evidencia, la violencia en Colombia puede analizarse mediante el marco conceptual propuesto por Žižek, en su ensayo: “Sobre la Violencia”.
La violencia subjetiva corresponde a aquellos actos visibles y directos de agresión física, como los homicidios, secuestros y ataques armados. En el contexto colombiano, esta se manifiesta claramente en la justicia por mano propia y las represalias entre grupos armados.
La violencia objetiva se refiere a las formas de agresión integradas en las estructuras sociales y económicas. En Colombia, esta dimensión se evidencia en los sistemas de extorsión establecidos por grupos armados, conocidos localmente como «vacunas», que afectan principalmente a campesinos, comerciantes y transportadores.
Finalmente, la violencia sistémica representa aquella inherente al funcionamiento del sistema socioeconómico predominante. En el caso colombiano, esta se manifiesta en la ausencia estatal en regiones alejadas, la desigualdad estructural y la falta de oportunidades que conducen a las víctimas a participar en dinámicas violentas para acceder a recursos básicos.
Ante estas realidades, el estado colombiano tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos de la población civil, así como de implementar políticas públicas efectivas para frenar el círculo de la violencia. Esto implica no solo la indemnización económica, sino también el acceso a la justicia, la restitución de tierras y la garantía de no repetición. Adicionalmente, la presencia institucional en las zonas más afectadas por el conflicto es clave para evitar que las comunidades sigan siendo cooptadas por la violencia.
En este mismo sentido, el estado debe fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y el acceso a educación para que las víctimas puedan encontrar alternativas distintas a la venganza y la violencia. La educación en derechos humanos, la promoción del perdón y la reconciliación, así como el acceso a oportunidades económicas y sociales, son fundamentales para evitar que las nuevas generaciones caigan en el mismo ciclo de violencia.
Como se ha observado, la perpetuación del conflicto en Colombia está marcada por un ciclo en el que las víctimas se transforman en victimarios, lo que dificulta la reconciliación. Segundo, la presión sobre la población civil a través de la extorsión y la estigmatización contribuye a la expansión del conflicto y la desconfianza social. y Tercero, es fundamental que las entidades gubernamentales asuman un rol más activo en la solución del conflicto, dejar de echar cuentos y ofrecer limosnas para mantenerse en el poder. La inversión en infraestructura, educación y oportunidades laborales es una prioridad para la implementación de políticas de desarme y reinserción social para que quienes han sido partícipes del conflicto encuentren alternativas reales y viables fuera de la violencia, por lo tanto, solo un enfoque integral que combine desarrollo económico y social podrá romper con este círculo vicioso y abrir el camino hacia una convivencia tranquila.
Se busca quien nos guie.
