En el contexto sociopolítico colombiano, especialmente en los niveles regionales y locales, es común presenciar campañas cargadas de emocionalidad, desinformación y superficialidad. En múltiples territorios del país, la elección de representantes públicos ha respondido más a la fuerza de la maquinaria económica, a la intensidad de las pasiones políticas o a rivalidades personales, que al análisis racional de la preparación, experiencia y capacidad de gestión de los candidatos. Esta situación ha profundizado las brechas de desigualdad, debilitado la legitimidad institucional y mermado la esperanza ciudadana en la transformación social.
El próximo año, Colombia tendrá unas elecciones de gran importancia dada la polarización y la desinformación generada por los extremos políticos que quieren gobernar o seguir gobernando el país. En las próximas elecciones, es crucial abordar uno de los desafíos estructurales de nuestra democracia: la forma en que elegimos a nuestros representantes. Debemos centrarnos en la idoneidad profesional y el conocimiento del contexto social de los aspirantes, en lugar de factores superficiales como el dinero invertido en sus campañas o el rechazo visceral a cualquiera de los aspirantes.
La gestión del Estado requiere un alto grado de tecnicidad. Quien aspire a tomar decisiones sobre presupuestos, reglamentaciones y programas sociales, debe contar con competencias mínimas en gestión pública, planificación territorial y comprensión del marco normativo. En varias regiones del país, se ha observado que los votantes eligen a candidatos sin la formación adecuada para sus funciones, basándose en promesas inmediatas en lugar de en la preparación técnica de los aspirantes. Por ejemplo, en las últimas elecciones al congreso se eligieron varios senadores y representantes sin experiencia ni conocimientos en gestión pública.
En Colombia, la financiación de campañas políticas sigue siendo un problema estructural. Según un informe de Transparencia por Colombia de octubre de 2023, del total de reportes realizados, el 89% de los fondos provienen de fuentes privadas (recursos familiares y particulares), lo que aumenta el riesgo de corrupción y clientelismo. El acceso a recursos económicos determina el alcance mediático, la visibilidad y la percepción de poder de un candidato. Pero ese capital no garantiza idoneidad técnica. Elegir a alguien por la cantidad de vallas que despliega, los eventos que organiza o la publicidad que instala y paga en redes sociales, es un error que puede llevar a la elección de candidatos no idóneos.
Es fundamental que la ciudadanía evalúe a los candidatos mas allá de su apariencia y los recursos invertidos. Un buen candidato debe presentar un proyecto político estructurado, experiencia comunitaria y conocimiento técnico. Apostarle al contenido sobre la forma es un acto de responsabilidad ética y política. Es hora de abandonar el paradigma del “favor político” y adoptar una perspectiva técnica y ética. Solo así tendremos instituciones fuertes, políticas públicas pertinentes y comunidades verdaderamente representadas. Elegir bien no es solo un derecho: es una responsabilidad con el presente y el futuro de nuestros territorios.
