Colombia inicia el año 2026 en medio de una tormenta perfecta: elecciones transcendentales, violencia que se reordena, polarización que crece, y un sistema institucional tambaleante. Este no es un año más en el calendario político del país. Es una encrucijada que definirá mucho de lo que suceda en los próximos años.
Este año trae dos hitos electorales simultáneos. El 8 de marzo se renovarán el Senado y la Cámara de Representantes; el 31 de mayo (con posible segunda vuelta el 21 de junio) los colombianos elegirán nuevo presidente. No es casual que estas fechas generen tanta tensión: quien gane tendrá la oportunidad de reconfigurar el poder político del país.
El panorama es de fragmentación. Aunque pareciera que Colombia se divide en un bloque de izquierda y otro de derecha, la realidad es más compleja. La derecha llega a 2026 dividida, carcomida por conflictos internos y debilitada por escándalos recientes. Mientras tanto, la izquierda —con el Pacto Histórico a la cabeza— avanza de manera más cohesionada, aunque también tensa.
Las encuestas muestran algo sorprendente: mientras Gustavo Petro enfrenta una desaprobación nacional del 63%, retiene aprobación del 38-44%, lo que refleja una ciudadanía polarizada pero con segmentos leales. El Pacto Histórico se posiciona como la fuerza política más fuerte, con el 24,3% de identificación partidista. Esto marca un cambio estructural: nunca la izquierda había sido tan potente en Colombia.
Pero hay un detalle que a menudo pasan por alto los análisis: las regiones siguen siendo el músculo real del poder. Antioquia, Valle del Cauca, Santander y la Costa Atlántica seguirán decidiendo mucho de lo que ocurra legislativamente. Bogotá y las grandes capitales —Medellín, Cali, Barranquilla— son donde se mide el «voto de opinión», pero las estructuras territoriales y las maquinarias políticas locales son lo que realmente mueve estructuras en el Congreso.
Un aspecto peculiar son las curules de paz: 16 escaños destinados a representar a las víctimas del conflicto armado. Esta será la última elección en que se eligen. El problema es que estas zonas están ubicadas precisamente en territorios con fuerte presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, lo que augura dinámicas electorales complejas y riesgosas.
La Violencia se Reordena, pero No Desaparece
Las cifras de violencia en Colombia son sobrias. En 2024, el país cerró con 13.393 homicidios —una tasa de 25,4 por cada 100.000 habitantes, por encima del promedio de América Latina y el Caribe.
Pero 2025 es aún peor. En los primeros nueve meses, el Ministerio de Defensa reportó 10.220 asesinatos, 320 más que en el mismo período de 2024. Lo inquietante no es solo la cantidad, sino lo que explica estas muertes: siete de cada diez homicidios corresponden a violencia instrumental vinculada directamente al crimen organizado, al sicariato y al narcotráfico. Colombia no está en guerra con un enemigo claro; está siendo consumida por economías criminales más robustas y actores armados que se fragmentan y reorganizan constantemente.
El secuestro, casi olvidado en las últimas décadas, ha vuelto con fuerza terrible. Entre enero y septiembre de 2025, este delito aumentó un 122,6%, consolidándose como una renta criminal y un mecanismo de presión territorial. Las bandas criminales, el ELN y las disidencias de las Farc se reparten esta «industria»: 47%, 40% y 13% de los casos respectivamente.
Y luego está el desplazamiento forzado: la métrica más cruda de la crisis humanitaria. Entre enero y octubre de 2025, se han registrado 88.100 desplazados forzosos —un aumento del 69% respecto a 2024. En septiembre solo, el desplazamiento se disparó un 149%, con más de 3.300 personas obligadas a abandonar sus territorios en un mes. Chocó, Norte de Santander y Cauca son los epicentros, pero el problema es nacional.
Lo más preocupante es que los expertos advierten: sin una recuperación territorial focalizada y una estrategia de prevención del homicidio, estos indicadores seguirán escalando durante 2026. La violencia no será ajena a las dinámicas electorales; podría, de hecho, determinarlas.
Polarización: El Desgarro Cotidiano
Colombia no es un país nuevo en polarización. Históricamente ha sido profundamente dividido. Pero lo que ocurre ahora es distinto: no solo se polarizan las opciones políticas, sino los valores, las narrativas sobre qué es Colombia y quiénes merecen estar en ella. El 48% de los colombianos sostiene que el «cambio» que prometió Petro no se ha materializado. Mientras tanto, un 34% cree que sí ha ocurrido. Esa brecha de 14 puntos no parece grande en números, pero en la calle se siente como un abismo. La institución que debería ser el árbitro de estas tensiones —el Congreso— ha terminado siendo un reflejo de la polarización, no una contención. El gobierno radicó una reforma tributaria para recaudar 26,3 billones de pesos. El Congreso la hundió y el sistema de salud sigue estancado. Cada iniciativa se convierte en un campo de batalla.
Esto genera un círculo vicioso: el Gobierno pierde legitimidad por no lograr sus metas legislativas; los ciudadanos pierden confianza en las instituciones por verlas paralizadas; la polarización se alimenta de esa desconfianza, y el ciclo se reproduce.
Valores Emergentes, Pero Tensionados
En medio de la tormenta, algo interesante ocurre: emergen valores que antes no estaban tan presentes en la agenda nacional. Los derechos LGBTQ+, por ejemplo, avanzaron legalmente —Colombia fue pionera en incluir a personas LGBT+ en su acuerdo de paz—, pero la práctica social sigue siendo violenta. Después de Brasil, Colombia es quizás el país más peligroso para las personas LGBTQ+ en las Américas. La transfobia es desenfrenada, particularmente contra trabajadoras sexuales trans que enfrentan niveles extremos de violencia, muchas veces perpetrada por autoridades públicas. Esta brecha entre lo legal y lo real es una tensión fundamental que 2026 no resolverá, pero que seguirá presente.
La «ideología de género» se convirtió en un campo de batalla. Los manuales de convivencia en colegios, las políticas públicas educativas, todo pasó a estar bajo sospecha. Estudiantes LGBTQ+ siguen enfrentando discriminación sistémica en las escuelas. Esta es una tensión que no es puramente política; es una batalla cultural sobre quién es aceptado, quién tiene derecho a estar, quién define la normalidad.
La transición energética, por su parte, emerge como un valor cada vez más presente. el gobierno está apostando por energías renovables —solar, eólico, biomasa—. Pero esto genera su propia tensión: la dependencia del petróleo sigue siendo estructural en la economía y en las finanzas del Estado. Un país que intenta transitar hacia lo verde mientras sigue pagando sus cuentas con petróleo es una contradicción viviente.
Cohesión Social: ¿Posible?
La pregunta fundamental es: ¿se puede construir cohesión social en un país fragmentado por violencia, polarización y desconfianza institucional?
Los expertos son pesimistas. La cohesión social en Colombia no puede depender de instituciones que, ellas mismas, están polarizadas. Se nutren de mediación institucional, pero esas instituciones están rotas. La memoria colectiva del país, dice uno de los análisis, está atomizada; vive en la literatura y la narrativa, en historias de «desarraigo, dolor, injusticia y violencia». No hay un «nosotros» compartido. Para 2026, la cohesión social depende de algo más profundo que las políticas públicas: de si los colombianos logran construir un futuro común y visiones comunes sobre ese futuro. Eso no ocurrirá en los 12 meses que inician.
2026
Colombia entra en 2026 con un sistema político fragmentado, una sociedad polarizada, una violencia que se reordena, instituciones debilitadas, y preguntas sin respuesta sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Las elecciones no resolverán estos problemas. En el mejor de los casos, permitirán que una coalición política con mandato claro intente gobernar. En el peor, simplemente reproducirán las dinámicas de bloqueo que ya vemos.
Lo que es seguro es que el próximo presidente no gobernará sobre un país pacificado. Gobernará sobre un país en reconfiguración: donde la violencia criminal reemplaza cada vez más a la política como mecanismo de resolución de conflictos, donde los ciudadanos no confían en sus instituciones, y donde los valores emergentes luchan contra las resistencias culturales profundas. 2026 será, definitivamente, un punto de inflexión. Pero no porque las elecciones resuelvan algo fundamental, sino porque mostrarán qué tan lejos está Colombia de poder resolver nada.
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